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23 Oct 2020 00:53SÁENZ PEÑA. Con las prácticas a campo continúa la capacitación apícola ofrecida por Desarrollo Local Municipal y el INTA

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23 Oct 2020 00:39SÁENZ PEÑA. UNCAus continúa acompañando a sus Graduados brindando información de ofertas laborales, capacitaciones y becas  internacionales

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23 Oct 2020 00:30SÁENZ PEÑA. El intendente Bruno Cipolini declaró de interés los 80 años de la bendición de la Piedra Fundamental del Instituto Don Orione

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22 Oct 2020 23:32EL AGUARÁ GUAZÚ RESCATADO EN EL SHOPPING DEBERÁ SER OPERADO ANTES DE SER LIBERADO

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El ministro de Desarrollo Social admitió que “el deterioro es de mucha gravedad” 
Con la crisis potenciada por la pandemia de coronavirus, una de las medidas de ayuda oficial de mayor impacto es el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), que implica el pago de $ 10.000 a unas 9 millones de personas. Y si bien hasta el momento no fue confirmado la cuarta fase del plan, en el Gobierno aseguran que mantendrán el sostén para los sectores de menores recursos.

El IFE comenzó a pagarse en abril, en medio de la cuarentena estricta. Llega a 9 millones de personas y ya tuvo tres ediciones, cada una con un beneficio de $ 10.000. La última tanda terminó de pagarse a fines de septiembre y desde entonces el Gobierno viene prometiendo que la definición acerca de si habrá un IFE 4 es inminente.

Ahora, el que habló del próximo paso fue el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, quien si bien aseguró que "no está definido aún" un nuevo pago, ratificó que "está claro el compromiso del Presidente de acompañar a los que menos tienen”.

“Eso marca la decisión del Presidente de empezar por los últimos y el nivel de deterioro de gravedad. El IFE marcó el nivel de informalidad laboral, si hay 16 millones de familias y el IFE lo cobran 9 millones... hay un alto nivel de informalidad”, sostuvo el funcionario en declaraciones al canal TN.

Hasta ahora el bono alcanzó a titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), a los desocupados y trabajadores informales, a las empleadas domésticas, a los monotributistas A y B y a los beneficiarios del plan Progresar.

Las tres tandas del IFE le demandaron al Estado un gasto de $ 270.000 millones. Atento a las cuentas públicas, el Gobierno sigue debatiendo si lo mantiene, lo recorta o lo rediseña.
En favor de que el IFE continúe juega el deterioro de los indicadores sociales. Con el desempleo y la pobreza en alza y la pandemia fortaleciéndose en el Interior, los gobernadores presionan para que el IFE se mantenga tal como está.

Frente a esto, el plan B es acotarlo a los segmentos más vulnerables, que según las cuentas del Gobierno serían tres millones de personas que no pudieron reactivar sus ingresos ni aún con la flexibilización de la cuarentena. Y la tercera opción es dar de baja el bono y reemplazarlo por un programa de inserción laboral para jóvenes -2,5 millones de los beneficiarios del IFE tienen entre 18 y 24 años-.

Sobre la mesa de discusión hay un dato clave: el 62% de los titulares del IFE -5,4 millones de personas- están desempleados o tienen un empleo informal, por lo que se encuentran entre los más afectados por las restricciones aún vigentes de la cuarentena.

Dentro del IFE también hay 690.000 monotributistas de las categorías A y B, 190.000 empleadas de casas particulares y 128.000 beneficiarios de las becas Progresar, el programa que acompaña a los jóvenes para que terminen sus estudios.

Arroyo también alertó por el aumento de la pobreza y advirtió que existen "tres generaciones excluidas". "Tenemos que resolver cuestiones básicas, todos los chicos tienen que ir al jardín de infantes”, sino “no va a reducirse la desigualdad, la pobreza infantil; va a haber una cuarta generación de excluidos si los chicos no van al jardín”, sostuvo.

Desde la irrupción de la pandemia hasta el 5 de octubre, las medidas implementadas por el Gobierno para afrontar la crisis sanitaria implicaron un gasto de $ 941.328 millones, equivalente a 3,5% del Producto Interno Bruto (PIB) y una disminución de recursos de $ 96.210 millones (0,4% del PIB). Mientras que el monto de facilidades financieras asciende a $ 530.146 millones (2 % del producto), de acuerdo a los cálculos de la Oficina de Presupuesto del Congreso Nacional (OPC).

 

 

 

 

 

Fuente: Clarín