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cristi y coki

 

En el Chaco, donde la pobreza y el hambre son fuertes, el empresario kirchnerista Lázaro Báez intentó replicar un modelo de negocios como el de Santa Cruz. En los hechos, eso significaba montar una empresa con suma velocidad, conseguir buenos lazos con el poder político y gracias a ellos garantizar un chorro parejo de fondos públicos.

 

Báez había intentado llevar ese esquema hacia otras provincias, pero sin éxito. En Buenos Aires, según relató el ex valijero Leonardo Fariña, el ex gobernador Daniel Scioli, y el titular de la Cámara de la Construcción, Carlos Wagner, no lo dejaban entrar porque tenían “la obra pública cartelizada” para sus amigos.
Pero en el Chaco, una provincia ubicada a 2.800 kilómetros de Río Gallegos, Báez logró hacer pie. Y lo hizo durante las dos gestiones de Jorge Milton Capitanich. “Coki”, como le dicen al actual intendente de Resistencia, llegó a la gobernación del Chaco con un fuerte impulso de Néstor Kirchner y la ex presidenta Cristina Fernández.

Durante años, además, fue el alumno ejemplar del modelo K y se ganó la confianza total de Cristina, sobre todo tras la muerte de Kirchner. Esa buena sintonía con la ex presidenta le valió que en 2013 lo designaran como jefe de Gabinete de Ministros tras la salida de Juan Manuel Abal Medina. Y hasta se hablaba de que podía ser el sucesor de Cristina en la Casa Rosada. Tiempo pasado.

La excelente relación del matrimonio que gobernó el país por doce años con Capitanich fue una de las llaves que le abrió un nuevo caudal de negocios en el Chaco a Báez. Hábil para crecer en la política, “Coki” siempre intuyó que había que tratar bien a los amigos del mundo K. La otra llave la aportó Julio Mendoza, presidente de Austral Construcciones, chaqueño y con buenos lazos en la provincia.
Primero, Báez intentó hacer pie en el Chaco con su empresa de energía Epsur. Buscó quedarse con la construcción de unas barcazas para generar energía sobre el río en la zona del Parque Industrial de Puerto Vilela, pero el proyecto no avanzó.

Y así fue que recurrió a su expertise para conseguir concesiones en la obra pública vial. A través de la empresa Sucesión Adelmo Biancalani, con la que se quedó en 2009 tras adquirir los derechos gananciales y hereditarios, logró contratos para construir rutas por más de $ 580 millones con la provincia y la Nación, financiados por Vialidad. El mismo esquema que utilizaba en el Sur.
Con el respaldo político adecuado se movió con tranquilidad y se aseguró cobrar siempre al día, evitar controles, facturar sobreprecios y dejar las obras sin terminar. El desenlace de la historia es el mismo que en Santa Cruz: ahora la Justicia lo investiga por su travesía chaqueña.

 

 

 

 

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